Daniel Martínez considera que Castilla-La Mancha vive en una "anomalía democrática" permanente y si el Presidente Barreda tuviera algo de decencia política no convocaría las elecciones con esta ley electoral"

"Se da la circunstancia añadida de que esta actitud mantenida por algunos dirigentes del PSOE, facilita la posible llegada al poder del PP en Castilla-La Mancha"

(Albacete, 16 de enero de 2010). Una vez conocido el sentido de la sentencia del TC al recurso presentado en su día por el PP y tras el debate abierto sobre la Ley Electoral de Castilla-La Mancha, Izquierda Unida ha querido valorar la problemática electoral y democrática regional. Para IU el principal problema que tiene la ley electoral no es, ni mucho menos, que las elecciones se puedan decidir en una provincia o circunscripción electoral, dado que sea cual sea el reparto de escaños siempre habrá provincias con más peso que otras y no siempre va a  perdurar el bipartidismo casi perfecto existente en Castilla-La Mancha, que tanto está perjudicando a nuestra sociedad.

Lo que está en juego es la calidad democrática de una Región, de unas Cortes que no representan la pluralidad política y social existente, y de unos responsables institucionales que practican el juego sucio utilizando para ello su posición mayoritaria. Es necesario y urgente corregir el déficit democrático en las Costes de Castilla-La Mancha, mediante una reforma de la ley electoral que  posibilite la representatividad de las fuerzas políticas a imagen y semejanza de cualquier otro parlamento autonómico, recogiendo los principios de proporcionalidad y pluralismo político como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y regulando un sistema de asignación del número de escaños a elegir por cada provincia.

 

En este sentido, el Coordinador regional de IU ha querido recordar que "el número de escaños a elegir por cada provincia en las elecciones autonómicas no está regulado por ley y se impone a criterio del gobernante de turno, algo más propio de un régimen no democrático que de una democracia".

 

En lo relativo a la representación comparada con otras CCAA, podemos observar que Castilla-La Mancha con más de dos millones de habitantes, cinco provincias y una extensión de 79.461 Km2, elige 49 diputados/as,  mientras CCAA como Aragón eligen 67 con 700.000 habitantes menos, o en el caso de Extremadura que con casi 1 millón de habitantes menos eligen 65 diputados/as. Además mientras cada diputado regional al PP y al PSOE les cuesta 22.000 votos de media, IU con casi 40.000 votos no obtiene ninguno.

 

Por si las razones anteriores no fueran suficientes, existe una más para motivar la modificación urgente de la actual ley electoral: es el sistema de asignación de escaños argumentado por el PSOE para la reforma de la ley electoral llevada a cabo el año 2007. Según el Portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Moreno (hoy Consejero de Presidencia del Gobierno regional) para la modificación se utilizaba la formula siguiente:

 

- "......garantiza una representación territorial mínima para cada provincia de la Región, la garantiza, cogiendo del Estatuto el mínimo que establece y es el de Cuenca que son 8,............... asignamos un escaño más, por cada 100.000 habitantes o fracción superior a 75.000, ........... ……… y facilita la ACTUALIZACIÓN PERMANENTE de la asignación de diputados a cada provincia en base a los criterios de proporcionalidad expuestos." (Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla-La Mancha nº 9 del 8 de noviembre de 2007).

 

Cuando se hizo esta reforma, en el año 2007, la provincia de Toledo tenía 645.000 habitantes. El uno de enero de 2009 ya contaba con 689.635 habitantes. A uno de enero de 2010, la provincia de Toledo contaba con 697.959 habitantes (BOE nº 311- 23 de diciembre de 2010). Si la provincia de Toledo ha superado la fracción de 75.000 habitantes, ¿por qué no se "actualiza la asignación" de diputados a elegir en las próximas elecciones?

 

Por último, desde IU hacen un llamamiento a los dirigentes del PSOE para que afronten la reforma de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha y podamos pasar de la imposición del déficit democrático a la construcción de un nuevo escenario de participación, máxima igualdad en el valor de los votos y pluralidad política y social. Se trata de  evitar la "anomalía democrática" permanente que vive Castilla-La Mancha.